Si sabe algo sobre esta persona o cualquier otra, tiene información válida, infórmeme y proporcione el enlace de dónde obtuvo la información o cómo está seguro. Hay tantos desaparecidos que tienen muy poca información a la que pueda acceder. ¡No debemos olvidarlos!
Hijo/a que debio nacer en cautiverio entre marzo y abril de 1977 (caso Abuelas)
Artículos periodísticos
La Gaceta “En Pozo de Vargas habría 30 víctimas sin identificar” – 10/08/2016 +
El Diario 24: Identificaron a tres miembros de la familia Rondoletto en el Pozo de Vargas – 19/07/2016+
Página 12: Restos, nombres e historias que se recuperan – 21/07/2016 +
El Liberal: Confirmaron el hallazgo de los restos de desaparecido que militó en Santiago del Estero – 04/08/2016 +
El Diario: Identificaron a un miembro de la famila Rondoletto en el Pozo de Vargas – 05/10/2016 +
El País: Identifican a española embarazada desaparecida durante la dictadura argentina – 29/09/2016 +
El dos de noviembre de 1976, entre las 14 y las 15 hs. un grupo compuesto de más o menos 30 hombres armados pertenecientes a la Brigada de Infantería del III Cuerpo del Ejército bloquearon la cuadra y otros entraron al negocio de imprenta que Pedro Rondoletto tenía en el mismo domicilio, San Lorenzo 1666, San Miguel de Tucumán. Los hombres vestían de civil, con medias de nylon cubriendo sus rostros, y portaban armas cortas y largas y todos tenían voz de mando como los de Ejército. Uno de los hombres le pregunta a una de las personas en la imprenta si es Pedro Rondoletto. Cuando éste asiente, lo golpearon brutalmente y se lo llevaron hacia un cuarto donde ya se encontraban su esposa María Cendar de Rondoletto y su hija Silvia Rondoletto. En ese ínterin otro grupo trajo del departamento de arriba a Jorge Rondoletto y a Azucena Bermejo de Rondoletto, la esposa de éste, embarazada de cuatro meses. Mientras tanto el socio del padre y dos empleados son puestos contra la pared del mismo negocio y con las manos en alto y les dicen que “se queden quietos, pues la cosa no es con ellos”. Luego de aproximadamente 35 minutos, se van de la casa llevando toda la familia Rondoletto: Pedro, María, Silvia, Jorge y Azucena.
Los cinco fueron llevados con ojos bendados y bolsas sobre sus cabezas fuera de la casa. A los padres los metieron en un auto del estado, y a los menores, en un auto negro (según informaron los vecinos). Jorge, al salir de la casa o al entrar al vehículo, trató de enfrentarlos y lo golpearon brutalmente. Antes de partir, uno de los hombres le dijo a uno de los socios de la imprenta que tenía veinticuatro horas para sacar el equipo del edificio o que pondrían una bomba. Ese mismo día una deposición fue llevada a la estación de policía No. 8, y el padre de Azucena pidió una audiencia con el Gobernador Provincial, General Bussi, por medio de un contador, Elias, que trabajaba en la oficina del General Bussi, y al mismo tiempo era un amigo y colega de la familia Bermejo y Rondoletto. La junta jamás se llevó a cabo. Más tarde, se registraron varios pedidos de hábeas corpus, algunos de los cuáles fueron rechazados y otros tuvieron una respuesta negativa. Al mismo tiempo, se tomó acción por parte de terceras personas con el Presidente de la Nación, General Videla, con el mismo resultado en los pedidos de hábeas corpus.
Los secuestradores se apoderaron de todas las pertenencias de la familia que encontraban en la casa. Según los vecinos, la casa continuó siendo saqueada por varios días después, y se quedaba un hombre a custodiarla. También sustrajeron los dos automóviles de la familia, un AMI 8, propiedad de Pedro Rondoletto y un Citroen 3 CV propiedad de su hijo Jorge. Este último vehículo se hallaba en el Taller mecánico del Sr. Coronel, quien fue obligado a llevar personalmente el coche a la Jefatura de Policía de Tucumán.
Los secuestrados pasan por la Jefatura de Policía (fueron vistos allí por Juan Martínen Diciembre de 1976), la cárcel de Villa Urquiza y finalmente el Arsenal Miguel de Azcuénaga. El coche AMI 8 propiedad de Pedro Rondoletto fue entregado como gratificación por el Comisario Roberto Heriberto ALBORNOZ a un Sargento que iba a jubilarse y que había custodiado a la familia Rondoletto en Jefatura de Policía.
Pedro Rondoletto y su hijo Jorge son fusilados en el Arsenal Miguel de Azcuénaga por el Teniente Coronel Cafarena. Los detenidos son sacados del recinto de detención por la guardia interna y entregados al Primer Alférez Roberto BARRAZA, quien junto al Teniente Coronel CAFARENA y dos o tres gendarmes más, conducen a los Rondoletto al borde del Pozo. Una vez allí el Coronel CAFARENA hace arrodillarse a los detenidos y “‘procede a ejecutarlos mediante un disparo en la cabeza, cayendo al pozo que se encuentra cubierto de ramas y ruedas de coches.
Una vez en el pozo proceden a arrojar mas ruedas encima de los cuerpos junto con gasolina y aceite, incendiándolos con una antorcha. Pedro Rondoletto permanece aún con vida cuando le arrojan una rueda de tractor y le prenden fuego, por lo que el Exgendarme Antonio Cruz pide a BARRAZA que lo mate, pero este se niega dejándolo morir quemado.
No se sabe que pasó con el resto de su familia.
Pedro era comerciante, María, ama de casa. Silvia era maestra, Jorge técnico electrónico y Azucena era española y profesora de geografía.
Era técnico -constructor y estudiante de arquitectectura.
Fue detenido en su domicilio en San Miguel de Tucumán
No hay testimonio de su paso por un CCD
María Isabel nació el 30 de agosto de 1935 en la localidad de Famaillá, provincia de Tucumán. Formó pareja con Enrique. Militaba en la JUP. Fue secuestrada el 28 de mayo de 1977 en su domicilio en Tucumán. Estaba embarazada de dos meses. Fue vista en la Jefatura de Policía de Tucumán y en el Batallón de Arsenales N° 5 “Miguel de Azcuénaga”.
La madre y el/la niño/a que debió nacer en cautiverio permanecen desaparecidos.
Tenía 36 años y era francés, se había radicado en Argentina a los 14 años.
Fue el primer desaparecido francés del Terrorismo de Estado argentino, instaurado a partir del 9 de febrero de 1975, cuando comenzó a regir el denominado “Operativo Independencia” impulsado por Isabel Estela Martínez de Perón, a través del decreto 262/75. Este dato no es menor ya que Yeger fue secuestrado en plena vigencia de un gobierno constitucional, ocho meses antes del golpe del 24 de marzo de 1976.
Trabajaba en el diario La Gaceta de Tucumán y tenía una pequeña libería.
Fue secuestrado junto a su compañera, Olga Cristina González, que estaba embarazada de cuatro meses, en la madrugada del 8 de julio de 1975 por un grupo de gente uniformada y de civil, fuertemente armados, que vinieron con un camión militar de apoyo. Días después su departamento fue saqueado y sus pertenencias robadas. El único testigo del secuestro fue el estudiante Jorge de la Cruz Agüero, quien fue golpeado cuando lo descubrieron mirando, y fue secuestrado el 18 de enero siguiente. Su ex-mujer fue posteriormente secuestrada, pero luego liberada. Otros de sus amigos y colegas fueron detenidos o asesinados.
Un testigo vio a Maurice el 9 de julio dentro de la comisaría de Famaillá. Otras fuentes, incluyendo un soldado ex-alumno de él, aseguraron que habría sido torturado en el colegio Diego de Rojas, la “Escuelita de Famaillá”. Un soldado dijo haber visto a Jeger y a su mujer estacados y tapados con una lona, todavía vivos.
La investigaciones francesas apuntan como responsables de la desaparición al capitán del Ejército José Enrique del Pino y al “Tuerto” Albornoz, entonces alto oficial de la Policía tucumana. También se señala al coronel Julio Ernesto Balloffet, ex ministro de Gobierno de Bussi entre el 76 y el 77.
El fecha 29 de abril de 1977, cerca de las 12 del mediodía, Graciela del Valle Bustamante de Argañaraz, luego de retirarse de cumplir su tarea como médica en la Sala de Terapia Intensiva del Hospital del Niño Jesús, se encuentra con Roberto Guillermo Torres Correa quien la busca de dicho nosocomio para trasladarla a su domicilio particular en su automóvil marca Renault 6.
En dicha oportunidad son interceptados por un grupo de personas no identificadas en la intersección de Lavalle y Chacabuco, quienes los obligan a acompañarlos. Tiempo después, el auto fue devuelto a la familia de Ricardo Torres Correa por el Coronel Antonio Llamas.
Al día siguiente del secuestro, el esposo de Graciela Bustamante, Julio Argentino Argañaras presentó una denuncia policial por la desaparición de ésta en la Seccional 2° de la Policía de Tucumán (dependencia sita en calle Buenos Aires al 400 entre Gral. Paz y Lamadrid). En esa fecha, también envió un telegrama colacionado a Antonio D. Bussi y al Colegio Médico de Tucumán, sin obtener respuesta alguna. El 23 de junio de 1978 presentó un Recurso de Habeas Corpus ante el Juzgado Federal de Tucumán, sin tampoco obtener respuesta.
Asimismo, la madre de Bustamante, María Esther Marquentó de Bustamante realizó también innumerables acciones, denuncias y medidas (administrativas y judiciales, nacionales y provinciales) a efectos de poder conocer el paradero, estado y destino de su hija desaparecida. Jamás recibió respuesta alguna.
Ambos han pasado a engrosar la lista de 30 mil detenidos desaparecidos por la dictadura militar que el 24 de marzo de 1976 irrumpió en el poder, desplazando a la entonces presidenta, María Estela Martínez de Perón.
andhes actúa como querellante en la causa de Bustamente de Argañaraz, que lleva como expedientes acumulados las causas de Ricardo Torres Correa, Adriana Mitrovich de Torres Correa y Horacio Armón Atilio Ferreyra Córdoba, las tres sobre secuestro y desaparición.
Graciela Bustamante de Argañaraz, Roberto Torres Correa, Adriana Mitrovich y Horacio Ferreyra Córdoba habrían sido identificados entre los detenidos clandestinos del Centro Clandestino de Detención que funcionó en la Jefatura de Policía de Tucumán, donde habrían padecido condiciones aberrantes de detención y torturas.
Los hechos delictivos perpetrados en sus perjuicios, “se produjeron en el marco de un plan de represión que, presidido por las Juntas Militares, se ejecutó a través de la estructura militar de las Fuerzas Armadas, con un gran número de participantes, entre autores directos, cómplices múltiples, agentes del gobierno, fuerzas de seguridad y organismos gubernamentales de aquella época. Que los hechos investigados configurarían el contexto de un delito de lesa humanidad tipificado por el Derecho Penal Internacional”, plantea el requerimiento de elevación a juicio solicitado por el Ministerio Público Fiscal.
Tenía 36 años y era francés, se había radicado en Argentina a los 14 años.
Fue el primer desaparecido francés de la dictadura.
Trabajaba en el diario La Gaceta de Tucumán y tenía una pequeña libería.
Fue secuestrado junto a su compañera, Olga Cristina González, que estaba embarazada de cuatro meses, en la madrugada del 8 de julio de 1975 por un grupo de gente uniformada y de civil, fuertemente armados, que vinieron con un camión militar de apoyo. Días después su departamento fue saqueado y sus pertenencias robadas. El único testigo del secuestro fue el estudiante Jorge de la Cruz Agüero, quien fue golpeado cuando lo descubrieron mirando, y fue secuestrado el 18 de enero siguiente. Su ex-mujer fue posteriormente secuestrada, pero luego liberada. Otros de sus amigos y colegas fueron detenidos o asesinados.
Un testigo vio a Maurice el 9 de julio dentro de la comisaría de Famaillá. Otras fuentes, incluyendo un soldado ex-alumno de él, aseguraron que habría sido torturado en el colegio Diego de Rojas, la “Escuelita de Famaillá”. Un soldado dijo haber visto a Jeger y a su mujer estacados y tapados con una lona, todavía vivos.
La investigaciones francesas apuntan como responsables de la desaparición al capitán del Ejército José Enrique del Pino y al “Tuerto” Albornoz, entonces alto oficial de la Policía tucumana. También se señala al coronel Julio Ernesto Balloffet, ex ministro de Gobierno de Bussi entre el 76 y el 77.
Un combativo Secretario General de la FOTIA, fue asesinado a balazos en sus oficinas de Buenos Aires, el 22 de marzo de 1976, 48 horas antes del golpe del 24 de marzo que encabezó Jorge Rafael Videla. Habia sido una de las figuras claves de la CGT de los Argentinos que se caracterizó por su oposición frontal a la dictadura de Ongania.
Por eso ayer, en la sede de Fotia, ante cientos de trabajadores, se le rindió un merecido homenaje. “Personalmente esto es muy caro para mí y mi familia. Este acto me llena de orgullo y satisfacción al ver que a 34 años de su muerte se lo siga recordando con cariño y a medida que pasa el tiempo esto sirve para que se sumen las nuevas generaciones”, comentó a este medio su hijo Marcelo.
Además indicó que algunas de las características que lo definían a su padre son “la humildad, la manera de ser con sus compañeros y su compromiso, es decir, haber dado su vida por la causa”.
Respecto a los juicios por crímenes de lesa humanidad que se le vienen realizando a diversos represores en todo el país, opinó que “son importantes para devolverle la dignidad a todas aquellas personas que perdimos. Yo, dentro de todas las desgracias, tengo la posibilidad de ir a la tumba de mi padre, pero hay mucha gente que no sabe qué le pasó a su familia”.
Julio fue detenido-desaparecido el 15/12/76, junto a su tía Griselda Ponce. Su tío Francisco había sido detenido-desaparecido en abril de ese año.
Griselda y Julio fueron secuestrados del domicilio familiar en la ciudad de Catamarca a las 3 de la madrugada del 15 de diciembre de 1976. A las 8 de la mañana de ese día, el coronel Rodolfo Mujica se presentó en la casa, junto a un oficial de la Policía provincial, para labrar un acta en la que se hacía constar el secuestro de ambos jóvenes. Cuando se retiraron, la segunda hoja del “acta decreto” cayó accidentalmente debajo de un mueble de la casa de los Ponce, sin que los uniformados lo advirtieran. Con los años, ese papel se convirtió en la principal prueba material contra Mujica, que admitió que la firma inserta en el pie del papel le pertenecía.
El sobreviviente Pedro Cerviño vio a Griselda en el Brigada de Investigaciones de la Policía de Tucumán, ubicada entonces en la esquina de Santa Fe y Junín de la capital provincial, en febrero de 1977.
El ex jefe del Regimiento 17 de Infantería Aerotransportada, general (re) Alberto Carlos Lucena, y el coronel Mujica, están siendo investigado por los hechos.